II JORNADAS VALENCIANAS DE ESTUDIOS REGIONALES

 

NUEVAS MANIFESTACIONES DEL PODER TRIBUTARIO AUTONÓMICO

 

 

Trabajo presentado por:

D. Alfredo Iglesias Suárez.

Catedrático de Hacienda Pública.

Universidad de Castila-La Mancha.

 

D. Diego Gómez Díaz.

Becario de Investigación.

Universidad de Castilla-La Mancha.

 

 

     Tradicionalmente, los impuestos propios, delimitados frente a los cedidos o compartidos por permitir que el ente autonómico acceda a la totalidad de la recaudación en su jurisdicción, a la par que goza de plena capacidad normativa, han sido considerados como la manifestación más auténtica de autonomía financiera de los gobiernos autonómicos, y es que, en la práctica, el proceso de descentralización puesto en marcha a comienzos de los años ochenta, no se ha visto acompañado de un grado similar de descentralización del ingreso, esto es, se ha producido una asimetría entre las necesidades de gasto y los ingresos percibidos vía tributaria, provocándose distorsiones en los principios constitucionales de autonomía, suficiencia y solidaridad.

     El resultado no es otro que la dependencia financiera respecto de la Hacienda central, que conlleva la prácticamente exclusiva financiación de los niveles inferiores de gobierno con base a transferencias, esencialmente un porcentaje de participación en los ingresos del Estado (PPIE), y un progresivo aumento del endeudamiento autonómico, prácticamente nulo en el momento de constitución de las Comunidades Autónomas.

 

     En este marco, “La imposición propia como medio de financiación de las CCAA” realiza un exhaustivo recorrido a lo largo y ancho de la geografía española rescatando, en algunos casos del olvido, figuras tributarias creadas por las diversas Regiones; estos tributos propios han cobrado nueva y vital importancia en la solución de algunos de los problemas que afectan al actual sistema de financiación; no en vano, constituyen una figura que no ha alcanzado su máximo potencial recaudatorio en un concreto momento en el que la expiración del Acuerdo de Financiación para el quinquenio 1997/2001 ha reabierto el debate acerca de las fórmulas e instrumentos adecuados sobre los que articular las bases de un futuro modelo de financiación.

     Así,

-         Objetivo prioritario resulta dotar de un mayor grado de autonomía financiera y decisión a las Comunidades Autónomas; el caso castellano-manchego es muestra bien significativa: los ingresos totales de la Junta correspondientes a ingresos tributarios se sitúan por debajo del 10%, porcentaje incluso menor si tomamos exclusivamente en consideración los tributos propios.

-         Ligado al razonamiento anterior, se hace necesaria la búsqueda de fórmulas que permitan la potenciación del grado de corresponsabilidad fiscal del sistema, es decir, responsabilizar a los entes autonómicos en la obtención de los ingresos públicos para financiar las competencias de gastos. A su vez, al propio tiempo que se reduciría el control estatal sobre las fuentes de ingreso del ente subcentral, se limitaría el gasto autonómico y por ente, el endeudamiento.

En este sentido, una de las alternativas que habrá de permitir un avance más concreto sobre tales propósitos serían los impuestos propios, junto con fórmulas aportadas por el Libro Blanco, traducida básicamente en torno al siguiente esquema: Comunidades Autónomas y Gobierno central habrán de compartir las figuras básicas del sistema fiscal (excepto el Impuesto de Sociedades), de forma que los ingresos corrientes autonómicos tendrían un doble origen: instrumentos de carácter exclusivo autonómico e instrumentos de carácter compartido.

Otras propuestas abogan por articular un esquema de participaciones territorializadas, complementadas con Recargos en el IRPF, situación intermedia entre la propuesta del Libro Blanco y el modelo vigente, y por ello, menos traumática.

-         El avance hacia un nuevo sistema de financiación exige como premisa básica alcanzar un grado razonable de estabilidad. La negociación del nuevo Acuerdo se presenta como el foro de debate idóneo para establecer unos fundamentos sólidos y duraderos en un modelo que, lejos de suponer un desincentivo a la voluntad autonómica de aumentar su nivel de participación en la toma de decisión, ofrezca los suficientes atractivos como para alcanzar una gestión eficiente de los recursos públicos con unos niveles óptimos de coordinación y equidad.

 

Por tanto, desde nuestra posición apuntamos una posible vía abierta a la potestad del legislador regional de avanzar hacia una corresponsabilidad fiscal en la financiación del gasto público total y, consiguientemente, hacia modelos característicos de un Federalismo Fiscal, en el que las Comunidades Autónomas dispongan de potentes sistemas tributarios propios, suficientes financieramente, donde los impuestos regionales desempeñen un papel de primer orden.

 

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